La oferta periodística quechua en Cochabamba

Santiago Espinoza A.*

La oferta periodística en quechua en los medios de comunicación con presencia en la ciudad de Cochabamba se debate entre la construcción de una agenda informativa propia del “mundo quechua” y la reproducción parcial de la agenda impuesta por los medios masivos tradicionales. Así lo revela una investigación del Observatorio Nacional de Medios (ONADEM) realizada por su corresponsalía en Cochabamba y cuyos principales resultados fueron presentados el pasado 19 de noviembre en dicha ciudad.

El análisis de la oferta periodística en quechua en los medios de la ciudad de Cochabamba ha permitido identificar dos grandes tendencias de construcción del discurso periodístico de la realidad.

La primera —sobre todo, representada por la televisión— se aboca a reproducir y, eventualmente, adaptar la agenda informativa tradicional de los medios tradicionales urbanos con oferta en español al idioma quechua. La otra —encarnada por los medios radiofónicos e impresos— apuesta por la construcción de una agenda informativa alternativa, en la que el quechua no sólo es el idioma predominante en los mensajes, sino un punto de referencia para definir escenarios, fuentes, temáticas y formas de uso del lenguaje (testimonial) en los contenidos periodísticos, que se conciben desde y para el “mundo quechua” que habita en la región, el país e incluso afuera de nuestras fronteras.

El estudio también constata que la oferta de contenidos en quechua tiene una presencia significativa en los medios radiofónicos establecidos en la ciudad de Cochabamba, en tanto que su presencia es mínima en los contenidos en los medios televisivos e impresos instalados en esta capital.

En materia de género, el estudio revela que el manejo de fuentes en los medios de radio, televisivos e impresos con oferta periodística en quechua no dista de las prácticas machistas y de invisibilización de la mujer propias de los medios tradicionales con contenidos en español. La mujer aparece en porcentajes bajos como fuente de información en los mensajes periodísticos en el idioma nativo, lo que evidencia un imaginario institucionalizado en los medios: que la mujer no ocupa espacios públicos o de poder que validen su versión de la realidad o bien que su voz sólo cobra importancia cuando se la reconoce en su papel de ciudadana y víctima.

Los resultados del trabajo fueron conseguidos a partir del análisis de una muestra que incluyó programas radiofónicos de las emisoras CEPJA, CEPRA, Lachiwana y Pío XII; el noticiero en quechua de Canal 7 (BTV Noticias Cochabamba Quechua) y el periódico Conosur Ñawpaqman con sus respectivos suplementos.

En radio

En materia estrictamente periodística, la investigación ha evidenciado que las emisoras de radio privilegian la producción y difusión de contenidos informativos y, en particular, de noticias, aunque en algunos casos éstas se ven “contaminadas” por intervenciones de tipo opinativo.

Las temáticas más recurrentes en los mensajes son las políticas, sociales y económicas, aunque, dependiendo la coyuntura, hay temáticas comúnmente marginales que pueden emerger y cobrar mayor notoriedad.

En cuanto al uso del quechua en los mensajes periodísticos, éste se concentra en los titulares y los relatos narrados por los reporteros, en tanto que su uso en las declaraciones es algo menor, teniendo en cuenta que no todas las fuentes dominan con fluidez el idioma nativo.

La incipiente presencia de noticias procedentes de otros países de la región andina (como Ecuador y Perú) con poblaciones quechua-hablantes, la recopilación de mensajes reportados desde otras regiones quechuas de Bolivia, la predilección de las informaciones registradas en escenarios rurales y la priorización de las fuentes locales-comunales, son todos rasgos que revelan el afán de algunas emisoras por construir una agenda informativa propia desde y para ese mundo quechua que integran las comunidades quechua-hablantes de Bolivia y otros países.

En TV

La oferta periodística en quechua de la televisión cochabambina (reducida a un noticiero de Bolivia TV) es estrictamente informativa y, atendiendo a una tendencia propia de los medios convencionales en español, las temáticas de los mensajes informativos giran en torno a la política y lo social; en tanto que la presencia de temáticas alternativas —como la socio-cultural, la ambiental y la policial— está supeditada a la coyuntura.

El estudio afirma que el uso combinado e indistinto del quechua y el español en televisión, por un lado, expresa la conciencia de un público bilingüe de los mensajes lanzados al aire y, por otro, ratifica la naturaleza oral del idioma nativo, que se presta más al uso verbal que al escrito (como el que exige, por ejemplo, el recurso del sello de pantalla).

Más allá de la apuesta por el uso del quechua en la conducción del noticiero y la construcción de los mensajes, en la oferta periodística televisiva no hay la convicción por forjar una agenda informativa quechua capaz de trascender la visión funcional del idioma y encarar la identificación de escenarios, temas y fuentes más acordes con los públicos que habitan las comunidades quechuas.

En prensa

La investigación constata que la oferta periodística en quechua de medios impresos en Cochabamba está restringida el periódico institucional Conosur Ñawpaqman y sus respectivos suplementos. En ella hay una preeminencia marcada de mensajes testimoniales.

La apelación al testimonio como subgénero de registro de la realidad supone una reivindicación de la oralidad de los actores/fuentes/lectores del medio, la cual se intenta “traducir” a la escritura, afirma el estudio.

De acuerdo con la investigación, el uso del idioma es también un recurso de diferenciación geográfica y cultural de los contenidos incluidos en el periódico, estando el quechua reservado para dar cuenta de los asuntos locales-comunales y el español destinado a cubrir los hechos que trascienden la esfera local quechua.

En la construcción de los mensajes periodísticos del periódico hay un uso combinado e indistinto del quechua y el español. Esta modalidad de uso del quechua revela, una vez más, las prácticas orales de los actores/fuentes/lectores del periódico que apelan indistintamente al quechua y al español, alternándolo en función a sus propias necesidades enunciativas.

La investigación

La investigación sobre la oferta periodística en quechua en Cochabamba fue realizada por la corresponsalía del ONADEM en la Oficina Distrital 3 de UNIR (Cochabamba-Sucre), bajo coordinación de la unidad central del ONADEM, que viene también realizando un estudio similar al de Cochabamba centrado en la oferta periodística en aymara en los medios de La Paz y El Alto.

El trabajo fue encarado con los objetivos de: 1) describir los contenidos generales de la programación en idioma quechua de radios, televisión y periódicos cochabambinos, y 2) determinar las características cuantitativas y cualitativas de los productos periodísticos en idioma quechua.

En su primera etapa, el estudio exigió el levantamiento de un mapeo de la oferta mediática en quechua en la ciudad de Cochabamba, que permitió identificar aquellos medios radiofónicos, televisivos e impresos que elaboran y difunden mensajes en el idioma nativo. Además del mapeo, el informe hace una descripción estrictamente abocada a la oferta periodística en quechua, ofrece datos sobre el uso de géneros y subgéneros periodísticos, las temáticas y los escenarios de mensajes, el manejo de fuentes informativas y el uso del idioma nativo en los contenidos difundidos por los distintos medios.

La investigación está circunscrita a la oferta periodística en medios de la ciudad de Cochabamba, por lo que no arroja datos sobre el uso del quechua en medios de las provincias con áreas ampliamente rurales del departamento.

Los resultados del trabajo fueron presentados el pasado 19 de noviembre en Cochabamba, ante periodistas y comunicadores involucrados en la producción y difusión de contenidos mediáticos en quechua, oportunidad que sirvió para recoger insumos adicionales que enriquecerán el informe final del estudio.

* Corresponsal del ONADEM en Cochabamba

Anamar: Periodismo con causa

Por Erick R. Torrico Villanueva

Si la Bolivia contemporánea tuvo una periodista ejemplar, de 24 horas diarias y de toda la vida, sin duda ella fue doña Ana María Romero de Campero, Anamar, como se identificaba al firmar sus columnas de análisis en diarios nacionales. Se ha marchado hace muy poco para fundirse con la inmensidad celeste, pero la impronta que dejó nunca permitirá que sea considerada una ausente.




De su entrega profesional de casi 50 años quizá se pueda extraer una enseñanza central: hay que ejercer el periodismo con causa. Esto quiere decir, en primer término, que la labor periodística sólo encuentra sentido en la medida en que exprese una vocación de servicio, un compromiso ético y una militancia social democrática; mientras que en segunda instancia significa que la información, la opinión y la interpretación noticiosas no tienen que contentarse con lo episódico y superficial, sino que deben ser capaces de trabajar sobre lo procesual, lo profundo y esclarecedor.



En otras palabras, el periodismo con causa es aquel que asume con pasión la voluntad de anoticiar y orientar a los demás respecto de lo que les afecta o posiblemente lo haga en el próximo futuro; es el periodismo de convicción que atrae incomprensiones, cuestionamientos y privaciones a la vez que alimenta la certeza de actuar a favor del bien común, de las libertades y de cada vez mayores condiciones de dignidad para la gente. Es un periodismo distinto y distante del que se obnubila ante la rentabiliad comercial, del que se empecina en la defensa intransigente de ideas cerradas o del que prefiere declararse aséptico y virginal.



Y en el otro plano, el periodismo con causa es el que se propone atravesar lo fenoménico de los hechos y las declaraciones, desentrañar las opacidades, atar cabos y desvelar las lógicas internas de los acontecimientos. Es el periodismo de las preguntas constantes, de la información que apuesta por el conocimiento, de la obligación de aportar a la comprensión de las dinámicas sociales, a la formación de criterio propio, la adopción de decisiones fundadas y la participación transparente en la acción pública.



Doña Ana María fue, en todos sus años de actividad, una practicante y un referente de ese periodismo. Dispuesta a afrontar los riesgos que ello supusiera, fortalecida por su fe religiosa y por su convencimiento democrático, encaró a los poderosos de diferentes tiempos y visiones, se enroló sin tapujos en luchas sociales, defendió los intereses de los excluidos y alentó constantemente la labor informativa de calidad.



Bastará, como ejemplo de lo dicho, recordar que impulsó una unidad especializada en periodismo de investigación en el ya desaparecido diario católico “Presencia” —primera y única experiencia de ese tipo en el país—, medio en que también propició una singular sección semanal de reportajes. Promotora del Círculo de Mujeres Periodistas y creadora del Premio Nacional de Periodismo, animó en la última etapa, en la Fundación Unir Bolivia, el funcionamiento del Observatorio Nacional de Medios, el Fondo Concursable para Periodismo de Investigación y el Banco Temático para Periodistas.



Por eso Anamar jamás se habrá ido, pues desde cada una de las manifestaciones que tenga ese periodismo con causa volverá a decir su palabra “para el ejercicio de una ciudadanía pluralista y participativa” y “en el ánimo de contribuir a dar forma a esa democracia, todavía imperfecta y en proceso de transformación, que tenemos en Bolivia”.

ABRIR EL DEBATE

Por Erick R. Torrico V.

A diferencia de lo acontecido con las ya varias leyes que en los últimos meses aprobó la Asamblea Legislativa Plurinacional sin dar mucho margen a la participación ciudadana, el proyecto de la ley anti-discriminaciones conocido hace poco más de dos semanas tras su consideración por la cámara de diputados sí ha generado un importante e interesante debate público extra-legislativo.

Quizá ello se deba a que los medios de difusión asumieron la defensa explícita de las libertades de expresión, opinión e información —mismas que podrían ser menoscabadas por siquiera tres de las disposiciones contenidas en esa norma— que, hay que reiterarlo, forman parte del Derecho a la Información y la Comunicación establecido por la Constitución Política del Estado como prerrogativa de todas las personas.

En realidad, aunque el presidente Evo Morales calificó de “racistas confesos” a quienes formularon algunas observaciones sobre el mencionado proyecto, no hubo quien se opusiera a los propósitos y al fondo de esa ley puesto que la discriminación por diferentes causas, entre ellas las originadas por mentalidades racistas, es un dato de la cotidianidad boliviana que debe ser erradicado. Las preocupaciones más bien tienen que ver con la necesidad de que se haga algunas precisiones que mejoren el texto de la futura norma para evitar resultados contraproducentes en su aplicación.

No obstante, la respuesta predominante de miembros del órgano ejecutivo, de asambleístas oficialistas y de representantes de organizaciones que habrían trabajado en la elaboración del proyecto se ha orientado hacia el bloqueo de la discusión, señalando que la cámara de senadores tiene que aprobar la propuesta sin modificar ni una sola coma. La excepción a esa rígida directriz la marcó la Comisión de Constitución, Derechos Humanos y Sistema Electoral del senado, que tomó la iniciativa de escuchar los criterios y sugerencias de diversas organizaciones de la sociedad, pese a que fue clara en que tal ejercicio no garantizaba la incorporación de los eventuales aportes en la redacción final de la ley. En cualquier caso, se trató de una lección de gobierno: no se puede desconocer lo que piensa, quiere y plantea la ciudadanía a título de haber sido elegido su representante.

Una democracia que se reclama participativa tiene que estar abierta al debate, esa es una de sus precondiciones; pero pareciera que la práctica política no siempre condice con lo que se declara en el discurso. Quienes se han aferrado a la letra muerta del proyecto aprobado por los diputados no presentaron argumentos que llevaran a aceptar una situación de “suficiente discusión”. Así, se llegó incluso a convocar a los movimientos sociales a que salgan a defender el proyecto, esto es, a ejercer presión sobre los asambleístas a fin de que procedan a su pronta aprobación sin cambios.

Pero más allá de ese lenguaje de fuerza, las posiciones más cerradas del oficialismo expusieron lo que consideran sus razones para rechazar las sugerencias de modificación. Aquí algunas de ellas: el racismo es la base de todas las formas de discriminación; el racismo es un comportamiento exclusivo de la clase dominante; los medios de difusión desarrollan acciones racistas y discriminatorias; el Estado no puede acatar principios internacionales que son colonialistas y tampoco puede admitir la imposición extranjera. Es claro que se necesita abrir el debate, mas no a partir de premisas inflexibles.

Velar el racismo

Erick R. Torrico Villanueva

Si el proyecto de ley anti-discriminación y anti-racismo aprobado el pasado viernes 10 por los diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional supusiera la defunción de todas las ideas y prácticas racistas en el país, se tendría que organizar un velorio que en realidad constituiría una celebración. Sin embargo, el panorama es distinto y al parecer difiere incluso de las buenas intenciones que pudieron haber tenido sus proponentes.

En los hechos, a partir del polémico artículo contenido en esa norma relativo a que los medios de difusión que publiquen “ideas racistas y discriminatorias” podrían perder sus licencias de funcionamiento —advertencia que afecta básicamente a las emisoras de radio y televisión—, lo que se tiene es un potencial efecto negativo que se traduciría en el ocultamiento de los comportamientos racistas.

Pero se podrá preguntar ¿cómo es eso? Es simple: como el proyecto legal no especifica el carácter de la publicación a que se refiere, cualquier mensaje que aparezca en un medio masivo —sea de información, opinión, análisis, entretenimiento, educación, publicidad o propaganda— y que sea tipificado como racista dará lugar a que el medio se convierta en objeto de sanción. De esa manera, por la vía de la amenaza latente de castigo, es decir, por la aplicación de la censura previa, la futura ley logrará que los medios retiren al racismo de su repertorio de temas.

Y la consecuencia será que irán desapareciendo las noticias, los comentarios, las denuncias y las investigaciones al respecto, con lo que en último término se generará el simulacro de que el racismo fue final y felizmente erradicado. En otras palabras, la gente y los medios preferirán no hablar del asunto por temor a las represalias y eso contribuirá a que, en la práctica, continúen reproduciéndose conductas y discursos discriminadores con la ventaja de que quedarán cada vez más invisibilizados.

La prohibición que el proyecto contempla resultará, así, contraproducente, pues en lugar de hacer posible que se lleve velas al sepelio del racismo aportará —quizá sin proponérselo— a velarlo en dos formas inesperadas: cuidándolo y escondiéndolo. Si la futura ley aspira a alcanzar un impacto positivo debiera, en lo concerniente a los medios, especificar que las sanciones recaerán sobre ellos en caso de evidenciar en sus mensajes acción propia, intencional y deliberada, de propaganda o promoción racistas.

“Raza” es un seudo-concepto: designa algo que carece de correlato real. Su origen se relaciona con la conquista imperial y con la instalación del proyecto moderno de “occidentalización” del mundo a partir de los hallazgos de Cristóbal Colón. El sometimiento de los pueblos “descubiertos” y más tarde colonizados, como también neo-colonizados, requería de ese componente ideológico para reforzar la idea de la supuesta superioridad (biológica y cultural) de los agresores que ya traían la ventaja de un cuasi monopolio de la violencia. Eso se reprodujo sin mayor excepción en las diferentes situaciones de subordinación de un grupo humano por otro y así ha sido hasta el presente.

Es claro que la antigua “política del menosprecio” debe ser sustituida por una política del reconocimiento y la interacción en igualdad de condiciones, pero ello demanda que una ley sobre el particular no dé margen a que se restableza y potencie el estado de cosas que pretendía transformar. El proyecto debe ser considerado en días más por el senado; éste tiene ahora la responsabilidad y la palabra.

Las elecciones bolivianas en la prensa latinoamericana: Un actor “omnipresente”, una sociedad “pobre” y una democracia “amenazada”

Bernardo Poma Ulo


Un actor central, Evo Morales, “omnipresente”, “casi único”, reelecto en el marco de una democracia “polarizada”, “amenazada”, “totalitaria”, en una sociedad “dividida” y “mayoritariamente pobre”, fueron los significados y conceptos de mayor presencia en 140 noticias publicadas en 15 diarios de cinco países latinoamericanos relativos a las elecciones generales bolivianas del 6 diciembre de 2009.

Esas tendencias en la representación noticiosa fueron estudiadas por el Observatorio Nacional de Medios (ONADEM) que coordinó el monitoreo de la cobertura informativa sobre las elecciones bolivianas —del 22 de noviembre al 13 de diciembre de 2009— con otros 5 países de la Red Latinoamericana de Observatorios: Perú, Brasil, Ecuador, Guatemala y Venezuela .
Las noticias observadas construyeron significados tendientes a la personalización: con un actor central en la mayoría de las expresiones (45% de los casos). Así, el candidato-presidente fue presentado como el “absoluto favorito en encuestas” y “con todo a su favor” (según el ecuatoriano El Comercio); luego, prácticamente todos los diarios enfatizaron su triunfo con más del 60% de los votos y la obtención de una “carta blanca” (mayoría absoluta) en la asamblea legislativa plurinacional. La información adicionó cualidades personales y proyecciones políticas del principal actor de la noticia: líder y primer indígena presidente, con popularidad, hegemonía, “imparable”, con la pretensión de “copar” alcaldías y gobernaciones.
Los diarios brasileños abordaron aspectos específicos en la misma tendencia. Primero, O Estado de São Paulo fue más explícito en relación al papel simbólico-político de Evo Morales, definiéndolo “casi omnipresente”, por la “masificación de su imagen”, y describió el ambiente electoral como si en este hubiese “un solo candidato”. Al respecto, Folha de São Paulo resumió el significado político del principal candidato como el “depositario del imaginario del cambio”. Por otro lado, O Estado de São Paulo apuntó uno de los desafíos políticos de Morales: el descontento de sus “aliados” indígenas. Folha de São Paulo señaló otros desafíos: implementación de la nueva constitución y la “armonización de los intereses de sus bases”.
La personalización de la cobertura implicó además que el “candidato favorito” fue protagonista en el 69% de los titulares, en tanto que todos sus opositores sólo lo fueron en el 9%. De manera similar, el mismo actor fue la fuente noticiosa más citada (24%), mucho más que todos los opositores (8%), los cuales fueron menos requeridos que los analistas (17%) y las empresas encuestadoras (14%).
Lo que quedó poco explicitado —en las noticias observadas— fue el significado y sentido del “cambio” y la “refundación” de Bolivia. Así, conceptos como transformación “socialista”, “estatista” o “descentralización institucional” —que dan especificidad al “cambio” mencionado—, sólo alcanzaron en conjunto al 11% de los significados publicados. Sin utilizar el término, entre los diarios guatemaltecos, se definió el proceso como “transformación”, pero se lo diferenció del “chavismo” (El Periódico).
Más menciones recibieron otros dos conjuntos de significados. Primero, el proceso electoral (17%), en el que se señaló, por un lado, las dudas y controversias en la campaña electoral (como la utilización de recursos estatales por parte del oficialismo) y en el empadronamiento de electores (la aceptación finalmente por el Órgano Electoral Plurinacional de más de 400 mil inscritos observados). Pero, con base sobre todo en informes de los observadores internacionales, se describió el proceso de votación como “ejemplar”.
Casi con la misma proporción de menciones (15%), la oposición política boliviana fue entendida como “conservadora” y “regionalizada”, es decir, se identificó principalmente dos polos regionales opuestos: La Paz (“oficialista”) y Santa Cruz (“conservador”); este último también entendido como una de las trincheras de una mayor región oriental “opositora” denominada “media luna”. La oposición fue también definida como “debilitada”, “amenazada” por el oficialismo y, además, en plan de “fuga”. Este último significado —al menos en El Comercio de Perú—, tuvo como referencia la denuncia del poder ejecutivo sobre la huida del principal candidato de oposición, Manfred Reyes Villa .
Tres conjuntos de significados, relevantes para la democracia boliviana, fueron, sin embargo, muy poco mencionados (entre el 3% y el 4% de frecuencia). En principio, la libertad de expresión “exagerada”, adjetivo basado en las expresiones de Evo Morales respecto de su relación conflictiva con los medios de comunicación “conservadores”. Por otro lado, la reelección de Morales en 2015, planteada por algunos diarios como posibilidad y por otros como desmentido. El tercero tuvo relación con las autonomías departamentales e indígenas, como parte ya no de un actor personalizado, sino de una institución, la democracia, en tanto “sentido común del cambio”. Cabe apuntar que esta especificidad de sentido fue abordada sólo entre los diarios de Brasil y Guatemala (con más detalle en Folha de São Paulo que en O Estado de São Paulo y, en menor medida, en el guatemalteco Prensa Libre).
La proporción del 30% de mujeres parlamentarias electas, igualmente relevante y significativa para la democracia boliviana, fue abordada apenas en una ocasión (0,4% de frecuencia) y sólo por el diario peruano La República.
Respecto de los conceptos y procesos socio-políticos en Bolivia, más allá del momento electoral, el monitoreo encontró referencias principalmente a partir de la primera gestión presidencial de Evo Morales, sobre todo entre los diarios brasileños (45 menciones, 85%) y muy poco en los restantes de los otros 4 países (8 menciones, 15%).
Tales conceptos se refirieron mayoritariamente a la política interna boliviana (42%) conceptuada como polarizada y regionalizada (en el sentido de Santa Cruz “de la derecha” vs. La Paz “bastión del MAS”). Los diarios brasileños especificaron al menos 3 aspectos: a) la democracia boliviana estaría "amenazada" y sería "totalitaria" —con base en declaraciones de candidatos de oposición en O Estado de São Paulo y O Globo—; b) la retardación estructural de la justicia que perjudicaría en particular al proceso seguido al candidato vicepresidencial opositor Leopoldo Fernández (Folha de São Paulo); c) la caracterización “antiimperialista” de la política exterior boliviana (4%) de acuerdo con las expresiones del candidato ganador (en Folha de São Paulo).
Con mayor contundencia, los diarios de tres países expresaron conceptos complementarios respecto de la política boliviana. Se describió, así, los “embates sangrientos” en los últimos 4 años (a propósito de la relación “Evo Morales y la oposición”, en O Globo), el “caos e inestabilidad de hace un año” con el peligro de “una guerra civil”, concepto último explicitado O Estado de São Paulo (Brasil), Siglo Veintiuno (Guatemala) y El Universal (Venezuela).

En general, la sociedad boliviana fue también menos conceptuada en positivo, ya que fue representada como “dividida” y mayoritariamente “pobre” (17%), aunque sólo en los medios del Brasil y Guatemala. Por otro lado, esos mismos países abordaron la macroeconomía y la economía boliviana (17%), con elogios al primer aspecto, ya que estaría “en mejora”, con crecimiento sostenido y buenas reservas internacionales, además de contar con la aprobación del Fondo Monetario Internacional; en cambio, la economía fue definida (en la Folha de São Paulo) por su falta de industrialización (“ni siquiera produce una hoja de papel”) y sobre todo por ser “dependiente” de la exportación de materias primas (gas y minerales).
Respecto de la política-económica boliviana (13%), casi en consecuencia del concepto anterior, los diarios brasileños y guatemaltecos señalaron sus desafíos: la redistribución de los excedentes (“a los pobres e indígenas”), la industrialización y el camino “hacia otra institucionalidad” (la “descentralización”).
Con exclusividad, dos diarios brasileños vincularon en un solo concepto el aumento de la producción de coca y el narcotráfico (4%), señalando —con base en una fuente de oposición— que este último “sustenta la economía boliviana”.
Aunque el resumen presentado ratifica la tendencia a la personalización de la cobertura noticiosa (centrada en el candidato “favorito” y “ganador”), también los significados y conceptos que los diarios observados construyeron dan los insumos para la reflexión sobre aspectos y perfiles nacionales: el “cambio” o “refundación” de Bolivia, como oportunidad histórica, aún requiere dotarse de contenidos y horizontes más específicos, la democracia como un bien que debe ser cuidado y profundizado desde toda la sociedad civil, rescatando su carácter dialógico permanente.

Las elecciones de abril según Bolivia TV

Santiago Espinoza A.

Por las características inéditas que le otorgó la normativa electoral y por su incidencia posterior en la reconfiguración geopolítica del Estado boliviano, las elecciones municipales y departamentales del pasado 4 de abril alcanzaron una dimensión histórica que fue reconocida y realzada por los distintos actores involucrados en el proceso. En este contexto, con el objetivo de evaluar la cobertura periodística de la presentación de los resultados de las elecciones, el Observatorio Nacional de Medios (ONADEM) monitoreó seis redes televisivas (ATB, Bolivia TV, Bolivisión, PAT, Unitel y UNO) y 13 diarios nacionales (La Prensa, La Patria, El País, El Nacional, El Día, El Potosí, Correo del Sur, El Deber, Los Tiempos, El Alteño, Opinión, La Palabra y Cambio).

El informe completo del monitoreo incluyendo el análisis de los medios arriba citados ha sido socializado con periodistas de varias regiones del país, y un resumen del mismo se ha publicado en este mismo espacio en días pasados. Como una continuación del artículo inmediatamente anterior, en estas líneas se apuntarán algunos de los rasgos más visibles de la cobertura que el canal gubernamental Bolivia TV le dedicó a los resultados de las elecciones.

Gobernadores antes que Alcaldes

A la corresponsalía de la distrital 3 del ONADEM (Cochabamba y Chuquisaca) le correspondió efectuar el monitoreo de la cobertura de los resultados y sus repercusiones que se difundieron por el Canal 7 (Bolivia TV, administrado por el gobierno), labor que se extendió entre las 17:30 y las 23:00 del domingo 4 de abril pasado.
Producto de este análisis se puede señalar que Bolivia TV otorgó mayor importancia a los resultados de las elecciones a Gobernadores que a la de Alcaldes. A manera de hipótesis para explicar esta conducta, se puede afirmar que los comicios a gobernadores resultaron privilegiados en términos de cobertura debido a que arrojaron resultados más favorables para el partido en funciones de gobierno (y administrador del Canal 7), que se hizo de seis de las nueve Gobernaciones del país.
La hipótesis sugiere que la menor atención a los resultados de las elecciones municipales y al análisis de éstas obedece a que los comicios en los principales municipios del país (las ciudades capitales, donde el escrutinio es más inmediato y accesible a las empresas encuestadoras y a los medios), arrojaron resultados menos favorables para el partido oficialista, que sólo se quedó con tres de las diez Alcaldías más grandes e importantes del país. De alguna manera, estos resultados fueron minimizados y hasta invisibilizados por el canal gubernamental, acaso en un intento por ocultar las derrotas del partido en funciones de gobierno.
Un caso particular fue el de la Alcaldía de la ciudad de La Paz, donde las encuestas mostraban como favorito al MAS (Movimiento Al Socialismo), aunque la votación se inclinó a favor de la continuidad del MSM (Movimiento Sin Miedo) Lo particular del caso fue que el programa especial del Canal 7 (“Bolivia decide”) evitó el asunto hasta que lo sacó a colación uno de sus analistas invitados (Ilya Fortún), generando evidente incomodidad entre los presentadores, que sólo atinaron a cuestionar la difícil gobernabilidad que tendrá la Alcaldía de la ciudad sede de gobierno (pues sus concejalías están repartidas entre el MAS y MSM en partes iguales, lo que ha colocado al concejal de UN (Unidad Nacional) en una posición dirimidora).



Ganadores perdedores

Como en otros canales, el gubernamental se adelantó a los resultados oficiales y, a partir de sus datos preliminares, colocó a algunos candidatos oficialistas en posiciones (de triunfo) luego desmentidas o siquiera relativizadas por los resultados más cercanos a la realidad.
Cuando se mostraban los resultados de aquellos lugares donde el MAS se hallaba en desventaja, los conductores enfatizaban el hecho de que los datos mostrados eran aún preliminares, señalando que el partido oficialista se encontraba en pelea por una victoria.
El caso más sugestivo fue el del candidato del MAS a la alcaldía de Oruro, Félix Rojas, al que los presentadores proclamaron vencedor y futuro Alcalde, provocando en éste el mismo sentimiento victorioso mientras era entrevistado desde Oruro, rodeado de sus simpatizantes en pleno festejo. Los hechos demostraron luego que el candidato masista perdió la elección frente a la candidata del MSM, Rossío Pimentel Sin embargo, no hubo una rectificación oficial del Canal ni del candidato al conocerse los resultados más fiables.
Otro caso digno de mención fue el de la proclamación de Edwin Castellanos, candidato del MAS a la Alcaldía de Cochabamba, como ganador de los comicios por “una amplia mayoría”. El propio Castellanos reconoció, al momento de ser entrevistado por el Canal 7, que su victoria había sido “contundente”, afirmación luego impugnada por los datos oficiales de otros canales y del propio Órgano Electoral, que le dieron un triunfo por menos del 2 por ciento sobre su inmediato seguidor.
Así también fue llamativo el afán del Canal 7 por generar un clima de expectativa ante la posibilidad de que hubiera segunda vuelta en las elecciones a Gobernador en Santa Cruz, cuando los resultados difundidos por otras redes televisivas mostraban que esa posibilidad ya estaba descartada.

¿Pluralidad?
En la cobertura especial de los resultados de las elecciones, Bolivia TV no mostró pluralidad al momento de la consulta de fuentes. De todas las declaraciones que sus periodistas y presentadores recogieron de candidatos a Gobernadores, Alcalde y otros cargos, ninguna correspondió a una persona que representara a un partido de oposición. Todas provinieron de candidatos o autoridades del MAS, más allá de que hubieran ganado o no las elecciones.
En cuanto a la participación de la ciudadanía en la cobertura electoral, el trabajo del 7 se redujo a mostrar los festejos de los militantes del MAS en aquellos lugares donde resultó ganador. Consultas concretas con ciudadanos sólo las hizo cuando su corresponsal en Cobija dialogó por unos instantes con militantes del MAS en esa urbe, a manera de esperar la conferencia de prensa que brindaría en unos minutos el candidato del oficialismo a la Gobernación de Pando. La ciudadanía estuvo ausente de la agenda del canal gubernamental y sólo adquirió visibilidad cuando estaba abiertamente vinculada al partido en funciones de gobierno.

Fiabilidad de los resultados
A diferencia de otras redes televisivas, que acompañaron sus resultados con la identificación de la empresa encuestadora encargada de su procesamiento, el Canal 7 no dio a conocer con exactitud cuál era la fuente de los datos mostrados. A lo sumo, dio a entender que fueron, en primera instancia, extraídos de un conteo en boca de urna, y, en segunda, de un conteo rápido, pero sin aportar mayores precisiones (sobre la muestra, el porcentaje alcanzado en el conteo rápido, etc.).
En comparación con las redes privadas, que emplean empresas especializadas en encuestas y conteo de votos para la obtención y el procesamiento de los datos primiciales que les han de dar ventaja sobre sus competidoras, el canal gubernamental tuvo un manejo descuidado de los resultados electorales y de sus fuentes. Los datos que lanzó sólo pueden ser atribuidos al propio medio y no así a empresas encuestadoras. En ese contexto, los equívocos o imprecisiones en los resultados mellan la fiabilidad del Canal y de sus responsables.

Elecciones, presentación de resultados y espectáculo

Equipo ONADEM

La presentación de resultados de las elecciones a gobernaciones y alcaldías del pasado 4 de abril tuvo un enfoque centrado en la disyuntiva de si el Movimiento al Socialismo (MAS) había ganado o perdido poder, en un estilo televisivo correspondiente a programas de espectáculo. Además, se trabajó en la presentación de resultados con datos imprecisos; éstos aparecieron con significativas variaciones durante más de tres horas y los diarios los usaron como base para sus ediciones del día siguiente.
Con el objetivo de evaluar la cobertura periodística de la presentación de los resultados de las elecciones, el Observatorio Nacional de Medios (ONADEM) monitoreó seis redes televisivas (ATB, Bolivia TV, Bolivisión, PAT, Unitel y UNO) y 13 diarios nacionales (La Prensa, La Patria, El País, El Nacional, El Día, El Potosí, Correo del Sur, El Deber, Los Tiempos, El Alteño, Opinión, La Palabra y Cambio).
Las elecciones quedaron confirmadas como un hecho mediático fundamentalmente televisivo y sometido a las reglas de la espectacularización propias de ese tipo de programas. Esa misma condición incentivó un crecimiento en el despliegue técnico de la cobertura y en el uso de recursos innovadores para la presentación visual de los resultados en la TV.
Pese al esfuerzo desarrollado para lograr una cobertura geográfica más amplia, los resultados presentados por los medios se refirieron a las capitales departamentales y a un máximo de 26 ciudades intermedias (en Bolivia TV), con lo cual la información fue fundamentalmente “urbana” y se consideró colateral aunque secundaria aquella relativa al ámbito municipal de las provincias.
La modalidad asumida por el trabajo informativo de las redes de televisión dio cuenta de una doble competencia: una relativa al enfrentamiento entre fuerzas políticas por la victoria electoral y otra, paralela, referida a la pugna entre medios de información por ser reconocidos como proveedores de la primicia noticiosa o el análisis más certero.
Esa carrera por ser los primeros en brindar la información llevó reiteradamente a que los medios no consideraran la índole preliminar de los datos de boca de urna; éstos, pese a su dispersión y sus contradicciones, más bien fueron presentados como válidos para definir ganadores y perdedores, desde los momentos iniciales de las emisiones de resultados.
Tal comportamiento –atravesado por la constante creación de un clima de expectativa– propició que se construyeran escenarios de supuestos que originaron no sólo coberturas anticipadas de consecuencias (entrevistas a presuntos ganadores que al final no lo fueron), sino comentarios y análisis carentes de sustento empírico suficiente.
La labor estricta de los periodistas –la información precisa, oportuna y fidedigna– quedó supeditada a la dinámica espectacular alentada por presentadores y presentadoras, a los datos cambiantes de las empresas encuestadoras y a las opiniones de los analistas basadas en esos datos inciertos y cambiantes.
La atención mediática se centró principalmente en la confrontación entre el polo Evo Morales/MAS y el polo oposición política (sobre todo el MSM) y regional (la “media luna”).
Ese enfoque de los hechos simplificó la geografía electoral que se fue estructurando en el país, y mientras la televisión oficial hablaba de una “victoria masista nacional”, la privada prefería referirse a triunfos del MAS en algunos bastiones y derrotas en otros.
Concentrada en la cuestión política nacional de la posesión, la sumatoria o la distribución del poder, la cobertura informativa prácticamente no consideró los procesos electorales en 337 municipios, la conformación de nueve asambleas departamentales ni la elección de otras autoridades departamentales y regionales (diferentes en algunos departamentos).
Al día siguiente de las votaciones, los diarios no sólo reprodujeron los datos emitidos por las redes televisivas la noche anterior (aunque la mayoría de ellos se ciñeron a los datos del conteo rápido y no a la información en boca de urna), hicieron lo mismo con el enfoque del mapa político nacional simplificado y carente de profundidad tanto noticiosa como analítica respecto de la primera concreción –en las urnas y para la conformación de los gobiernos locales, regionales y departamentales– del sistema autonómico.
La información que la televisión y los diarios proporcionaron sobre las elecciones del 4 de abril estuvo, entonces, marcada por una “victoria del apresuramiento” en la cual el periodismo pasó a segundo plano frente al espectáculo, las estadísticas diversas y los recursos gráficos o los efectos especiales. Pero también se distinguió por la interpretación genérica y superficial de un proceso eleccionario que sentaba las bases para materializar una organización estatal sustancialmente distinta, en razón de las autonomías, de la establecida por la Constitución Política hasta febrero de 2009.
Si bien la cobertura mediática ofreció datos y análisis sobre la composición del escenario político general a partir de las votaciones, no llegó a consignar en ese cuadro la información y los alcances referidos a las implicaciones de los resultados electorales en la puesta en marcha de los gobiernos departamentales y locales.

Votar a ciegas

Erick R. Torrico Villanueva

En contrapartida de lo que podría considerarse como avances para la democracia incorporados en la recién promulgada Ley del Régimen Electoral, esa misma norma introdujo algunas disposiciones que pueden conducir a transformar el “voto secreto” en un “voto a ciegas” en el caso de la elección de las autoridades del Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional.

Sucede que dicha ley, en concordancia además con una previsión constitucional, prohibe la realización de toda acción propagandística por parte de los postulantes a los cargos en los ámbitos mencionados, regla que es coherente con la naturaleza de los puestos en disputa, que no son materia para que haya una confrontación entre ofertas electorales. Sin embargo, el problema radica en el hecho de que a la par de esa aceptable limitación fueron establecidas otras por las cuales los electores —los ciudadanos— no podrán recibir ninguna otra información sobre los elegibles que no sea aquella entregada de manera oficial por el Tribunal Supremo Electoral.

En particular, el Artículo 82 de la citada norma se refiere a un “régimen especial de propaganda” y lamentablemente, de manera errónea, incluye a la información y a la opinión como parte del mismo. Aunque en otra parte la Ley del Régimen Electoral entiende por propaganda todo mensaje que se difunda para solicitar el voto, en ese artículo prohibe a los postulantes toda manifestación pública y, por si fuera poco, también prohibe a los medios periodísticos emitir cualquier juicio o noticia sobre esas personas. La única versión que podrá circular respecto de los “méritos” de los candidatos preseleccionados por la Asamblea Legislativa Plurinacional será la preparada oficialmente.

Es claro que aparte de una falta de discriminación conceptual (propaganda no es igual a información ni a opinión) se tiene en este caso un quebrantamiento del Derecho a la Información y la Comunicación y de las libertades de expresión, de prensa e información que están garantizados por la Constitución Política del Estado y que la propia ley en cuestión asume en varios de sus artículos.

Si el votante va a estar imposibilitado de contrastar la información oficial que distribuya el Tribunal Supremo Electoral y no ha de poder conocer la palabra de ninguno de los elegibles se verá forzado a acudir a las urnas —recuérdese que el voto es obligatorio— confiando ciegamente en los datos propalados desde una fuente central que tendrá el poder absoluto sobre los perfiles (estudios y trayectoria profesional, básicamente) de los postulantes.

Una elección tan significativa como la que está anunciada para diciembre próximo, en que por primera vez en la historia del país las autoridades del campo judicial serán seleccionadas mediante el voto universal, puede ver afectados no sólo su sentido y novedad sino —y ahí está lo más grave— su legitimidad por unas restricciones que en los hechos coartan derechos y libertades constitucionalmente garantizados. Pero no será apenas la validez del acto eleccionario la que estará en juego sino también la de su consecuencia, esto es, la de la conformación del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional.

Sería razonable que frente a estos riesgos que crean márgenes de duda sobre la institucionalidad que está en proceso de recomposición se abran espacios y canales de diálogo para promover una reconducción que beneficie al orden democrático. Lo contrario supondría sentar un muy preocupante precedente.

Un derecho emergente

Erick R. Torrico Villanueva

Una de las novedades presentes en la Constitución Política del Estado vigente desde el pasado año es el reconocimiento del Derecho a la Información y la Comunicación, hecho que representa un salto cualitativo con relación a lo que establecía la anterior Carta Magna acerca de la libertad de expresión.

La boliviana es la segunda Constitución latinoamericana en incorporar el mencionado derecho ¬—la ecuatoriana lo hizo en 2008— y abre un conjunto de oportunidades con potencial incidencia en la expansión de la democracia. Sin embargo, la Información y la Comunicación todavía no están asumidas en su dimensión de derechos por la población, además de que su definición constitucional es insuficiente.

Esa situación es propicia para que pueda llevarse a cabo un amplio diálogo social en torno a este derecho emergente que posibilite su correspondiente formalización precisa y lo convierta en exigible. Así lo ha entendido la Fundación UNIR Bolivia que hace unas semanas publicó el documento “Información y Comunicación, derechos de todas las personas – Notas para un programa de reflexión” con el fin de proporcionar elementos conceptuales, históricos y propositivos sobre el particular.

“El establecimiento de un derecho plantea inevitablemente una tensión entre el individuo y la sociedad, entre lo personal y lo colectivo, pues lo que busca es definir un ámbito de regulación de las conductas, intento que no puede concretarse si no es recomponiendo parte del orden imperante”, recuerda el documento en alusión al juego de intereses que moviliza un tema así. Frente a ello, sostiene que la democracia es el mejor campo y la mejor estrategia de gestión de las diferencias en vista a la promoción del interés público.

Anota, asimismo, que todo derecho está compuesto por una o más libertades y que éstas, a su vez, implican una o más responsabilidades. Es la comprensión de ello, indica, lo que ha permitido el desarrollo alcanzado hasta hoy por la humanidad en materia de consagración de derechos, un proceso que lleva siglos y que tuvo un momento culminante en 1948 con la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En materia de Información y Comunicación, un primer hito relevante estuvo representado por los debates que generó la propuesta del Derecho a la Comunicación en el seno de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura entre las décadas de 1970 y 1980.

Actualmente, se estaría manifestando un nuevo hito, a partir de la constitucionalización del Derecho a la Información y la Comunicación en algunos países como también de la aparición en varios otros de demandas sociales al respecto a diferencia de lo acontecido hace más de 30 años cuando tales movimientos más bien provenían de círculos especializados. Este segundo momento de importancia, entonces, comienza a caracterizarse por la legitimación ciudadana de la propuesta y por su real eficacia política.

La propuesta de la Fundación UNIR Bolivia (véase www.unirbolivia.org), que consigna una descripción de las libertades individuales y colectivas comprendidas en este nuevo derecho así como señala los principios irrenunciables que lo guían, se orienta a impulsar un programa de reflexión en que los actores de la sociedad y el Estado logren consensos para fomentar “la democracia comunicada y la comunicación democrática en el país” mediante el reconocimiento generalizado y la puesta en vigor del Derecho a la Información y la Comunicación.

Radialistas de la Red Amazónica frente a las agresiones

Osman Patzzi Sanjinés

Los y las participantes del décimo taller de capacitación para radialistas de la Red Amazónica que se desarrolló del 19 al 21 de mayo en la radio Santa Cruz, con el auspicio de la Fundación Unir Bolivia y el Defensor del Pueblo, abordaron el tema de las agresiones a periodistas y concluyeron que todos y todas, en determinado momento de su ejercicio periodístico, habían sido víctimas de algún tipo de agresión.

Las más frecuentes fueron las agresiones verbales y de acuerdo a los testimonios y la representación gráfica que hicieron de ellos y ellas frente a las situaciones de violencia, existe una sensación de desprotección y una peligrosa tendencia a que los hechos sean cada vez más graves, tanto que se ve amenazada su integridad física.

Así como la impunidad es un factor común en los casos registrados en el informe actualizado Agresiones a periodistas y medios 2007-2009, trabajo del Observatorio Nacional de Medios realizado por Vania Sandoval y su equipo, los y las radialistas de emisoras de Pando, Beni, Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija perciben que la falta de sanciones en la justicia para los agresores son un aliciente para que ocurran reincidencias o que cualquier persona se sienta con libertad para “sentar la mano” a un o una periodista si considera que así lo amerita.

En un rico debate, los y las periodistas de la Red asumieron que muchas veces los actos de violencia son originados por fallas en el ejercicio periodístico, pero de manera casi unánime consideraron que nada puede justificar una agresión. La única voz contestataria fue la de un periodista de Ascensión de Guarayos, que sostuvo que “hay veces que los periodistas merecen llevar palo”, aludiendo los casos extremos de faltas a la ética y a las normas.

¿Qué se entiende por agresión? fue la pregunta de arranque. Y las respuestas fueron: Sinónimo de violencia física o verbal, sentimiento de rabia que deriva en acciones violentas, actitudes que se ejercen para provocar el silencio, manifestación de debilidad y falta de conciencia, una forma de menospreciar el trabajo periodístico, reaccionar violentamente por falta de diálogo, no respetar los derechos de otras personas, el dolor en el corazón que perdura por siempre, pero a la vez da fuerza para mejorar como periodista, acción física o psicológica que se comete por cualquier medio afectando el derecho e integridad de otro u otros en beneficio propio o de grupos de poder que se convierte en problema social, y una forma de expresarse faltando el respeto a los demás. Todas estas definiciones salieron del grupo, a partir de la construcción del concepto por lo que es, lo que no es, sus clases o tipos y de qué forma parte.

Otro aspecto relevante en la dinámica fue la presentación de los dibujos sobre cómo se veían los periodistas de la Red Amazónica frente a la agresión. Generalmente se mostraron como víctimas, ya sea de insultos, de golpes de puño y patadas, piedrazos y hasta amenazas con arma de fuego. También hubo una representación en la que la víctima de la agresión era la audiencia debido al contenido de las informaciones propagadas de manera sensacionalista por el locutor y la locutora.
Fue reiterada la representación de cerco a la emisora, donde el periodista aparece indefenso, rodeado por una turba armada con palos y piedras que además lanza insultos. El clima de polarización que no es ajeno en estas poblaciones también se reflejó en dibujos que muestran a los bandos radicales en actitud violenta. “Mentiroso”, “bandido” y “masista”, son las voces que se representaron como agresión verbal hacia el y la periodista.

En la conclusión, los participantes acordaron que la mejor forma de prevenir acciones violentas en su contra es ejercer el oficio con responsabilidad, pero para ello también demandaron de parte de las autoridades un mayor compromiso para castigar a los agresores, lo que es más difícil en poblaciones pequeñas, donde los poderosos se sienten impunes porque creen que el brazo de la justicia no los alcanza.

Regulación de medios y periodismo: críticas desde la prensa

Sandra Villegas T.

En el marco de la tensa relación entre el gobierno nacional y los medios de comunicación privados, la redacción de una “ley de medios” sugerida por el presidente Evo Morales para normar el trabajo de los medios (25/01/2010) fue masivamente rechazada por los gremios periodísticos y tímidamente aceptada por algunos sectores de la ciudadanía según la prensa nacional.

Se cuestionó que esa ley obedecería a “un propósito encubierto para limitar la libertad de prensa” (subeditorial Los Tiempos, 21/01/10) y “controlar la democracia” (Víctor Gutiérrez, comentario, Opinión, 29/01/2010), logrando así “censurar” (Fernando Valdivia, comentario, El Diario, 31/01/2010) la libertad de expresión y de prensa, reemplazando la democracia por “autoritarismo gubernamental” (editorial El Deber, 27/01/2010).

En ese marco, el Observatorio Nacional de Medios (ONADEM) realizó un monitoreo de las notas publicadas en las áreas de información y opinión respecto la libertad de expresión, la libertad de prensa, el Derecho a la Información y la Comunicación en 13 diarios: Cambio, El Alteño, La Prensa, El Diario, La Razón, El Deber, Los Tiempos, Opinión, El Potosí, La Patria, Correo del Sur, El Nacional y El País.

Se analizaron 300 notas de prensa: 165 noticias (55%), 24 editoriales (8%), 6 subeditoriales (2,5%), 40 columnas (13%), 46 comentarios (15%) y 19 caricaturas (6,5%) de diciembre de 2009 a Febrero de 2010. Un mes antes y otro después de las declaraciones del gobierno en torno a una posible “ley de medios”.

La línea informativa y opinativa en la prensa fueron similares porque los enfoques se centraron en una posible “ley de medios” (19%). Se redujo el debate a lo periodístico y no se profundizó en la temática del Derecho a la Información y la Comunicación (3%) como un tema que hace a un marco normativo más amplio y completo.

Se evidenció confusión entre los conceptos libertad de expresión (derecho individual que atinge a todos los ciudadanos) y libertad de prensa (derecho de carácter institucional, sea empresarial o comunitario). En las noticias y notas de opinión se defendió más la libertad de prensa (9%) que la libertad de expresión (5%).

La línea de opinión de los diarios sugirió ampliar “la autorregulación de la prensa a la radio y la televisión” pero rechazar una regulación elaborada sólo por parte del gobierno. En esa línea de reflexión, es importante rescatar los argumentos que defienden un periodismo independiente que fiscalice al poder, en especial, el político, al servicio de la sociedad.

Así lo corroboró Jorge Barrientos, Sindicato de Trabajadores de la Prensa de Oruro que dijo: “…está demostrado que los derechos humanos se respetan más donde hay un poder periodístico fuerte” (“Los periodistas en el país serán celosos guardianes de la democracia”, noticia La Patria, 6/12/2009, p. 4). De igual forma un subeditorial de Los Tiempos expresó: "El gobierno debe entender que el Periodismo no defiende ni se alinea con partidos políticos, y que por esencia y ética, debe servir únicamente a la sociedad” (13/12/09, p.A13).

CUESTIONAMIENTOS AL PERIODISMO

Además del gobierno, otros sectores sociales y algunos periodistas cuestionaron la calidad de la información que se elabora en muchos casos con sesgos políticos, intereses comerciales e individualidades. De modo tal que recomendaron “repensar el periodismo” boliviano (Augusto Peña, comentario “Periodismo modelo”, El País, 05/12/2010), “…eliminar errores y deslices… porque la excelencia periodística es la mejor defensa contra los detractores” (Juan Javier Zeballos, comentario “El Periodismo en alerta”, El Deber, 28/02/10)

Otros autores coincidieron una mirada crítica al periodismo mediante artículos cuyos titulares versaron como sigue: “Responsabilidad periodística al informar” (Lidia Campos, comentario en El País, 10/12/2009, p.4); “Una valla mediática creadora de realidades” (Jesús Miguel Molina, comentario, El País, 9/12/2009, p. 4); “Red Uno Cochabamba y su información tendenciosa” (Miguel García Angelo, columna del Colegio de Comunicadores de Cochabamba, El País, 12/12/2009, p. 12); “Hay medios de comunicación que intentan evadir la ley” (noticia El Potosí, 27/12/2009, p.4); “Periodista pide a los medios no hacer política” (noticia El Deber, 29/01/2010, p.A3).

Otro cuestionamiento realizado a la labor periodística tiene que ver con la “mercantilización” de los medios, al ofrecer la noticia como una mercancía que compite con otras en el mercado de consumo.

"Memoria de un conflicto urbano: la prensa boliviana estuvo lejos de informar adecuadamente sobre las autonomías (…), producto de una práctica periodística que, en algunos casos, se habría convertido en un acto publicitario de hostilidad seriada y de espectacularización de la noticia..." (subeditorial Los Tiempos-10/01/10).

La línea de opinión de los comentaristas tomó en cuenta tres aspectos importantes. En el primero, se mencionó que recurrir al sensacionalismo en el tratamiento informativo de algunos periodistas respondería, más que al interés empresarial por apoyar a algún partido político, a los intereses personales de postular a algún puesto político. Argumentos señalados en “Periodismo trampolín” (Miguel García, El País, 29/01/2010, p. 3) y “Verdades y mentiras: periodismo y política” (Santiago Berríos, El Diario, 31/01/2010, p. I3).

El segundo aspecto sugerido en los comentarios se refirió a que las críticas a los medios privados eran también necesarias para los medios estatales que incurrían en sesgos y problemas éticos, hechos que la hacían perder su credibilidad como medio de servicio público.

Y el tercer aspecto mencionado fue la “precaria” formación universitaria que brindan las Carreras de Comunicación que influiría negativamente en el ejercicio laboral de los periodistas.

Además de los cuestionamientos, en las notas publicadas también existen criterios de análisis que muestran la complejidad en la que se desenvuelve el Periodismo y los grandes “desafíos invisibles” de una eventual “ley de medios” que debiera ir más allá de los medios. Lo cierto es, que para empezar, es preciso volver a sentar las bases de un “deber ser” del periodismo boliviano.

EL “DEBER SER” DE UN PERIODISMO QUE FISCALIZA AL PODER

En algunas notas de opinión publicadas se sugirió que el verdadero periodismo no defiende a nadie sino que supervisa la labor de todos los representantes públicos con sus denuncias de hechos de corrupción, por ejemplo. El periodista como “representante de la sociedad e intermediario entre los distintos actores sociales y políticos debe mantenerse al margen de las prebendas y favoritismos a los que ese poder está acostumbrado” (Constantino Rojas Burgos, comentario titulado “Agasajo a periodistas”, Los Tiempos, 26/02/10).

El Periodismo que se debe reforzar, promocionar y construir debe tener mejor calidad periodística en la redacción y enfoque informativo de las noticias a partir de la autocrítica que le permita ser reflexivo, explicativo y responsable. Incluso los editoriales, comentarios y columnas debieran reflejar las críticas de la ciudadanía.

Para el Codirector de Opinión, una sugerencia concreta del “deber ser” de un periodismo con mejor calidad de información consiste en “diferenciar o ir más allá del mosaico sin sentido de pequeños acontecimientos…” (Federico Sabat, Codirector, comentario titulado “Mejorar la calidad de información es defender la libertad de prensa”, Opinión 13/01/2010, p.7).

A partir de estas últimas sugerencias se refuerza la necesidad de aclarar y profundizar estos temas como una deuda pendiente de cuya respuesta depende repensar el Periodismo más allá de los periodistas y empresarios y más bien hacerlo dentro del marco, límites y alcances del Derecho a la Información y la Comunicación de todas las personas.

La Paz - Bolivia, Mayo de 2010

UN PERIODISMO QUE INFORME

Por Erick R. Torrico Villanueva

Si el periodismo tiene sentido se debe a que es una actividad profesional y especializada que se ocupa de informar día a día sobre los acontecimientos y declaraciones de interés público en una comunidad determinada. Cuando esa su función comienza a ser desvirtuada –como lamentablemente sucede con varios medios cultores del “info-entretenimiento” en el país— entra en cuestión la legitimidad general de la institución periodística.

Esa preocupación está reflejada en el estudio “Periodismo para la promoción de la paz y la estabilidad en Bolivia” que el primer bimestre de este año efectuó la empresa Encuestas y Estudios por encargo de la Unión Europea y el Centro Carter. Se trató de dos investigaciones: una con periodistas (dos grupos focales y diez entrevistas en Santa Cruz y La Paz) y otra con ciudadanos (una encuesta a 1.175 informantes mayores de 18 años en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Tarija y El Alto).

En el primer caso, los periodistas reconocieron problemas como la polarización mediática que influye en la forma y el contenido de las noticias, la predominancia de la opinión sobre la información, la baja de la confianza de los públicos, la falta de documentación y pruebas en ciertas informaciones o la poca contribución de los medios a la paz y la estabilidad nacional.

Esta frase textual recuperada en el informe del citado estudio es ilustrativa de esa autocrítica: “Tenemos un periodismo superficial, manejado bajo la lógica de un show y de tendencias políticas que han generado respuestas irresponsables del gremio hacia la población”. Frente a ello, los periodistas señalaron que se requiere mejorar la formación profesional, potenciar la responsabilidad, el equilibrio y el ejercicio ético.

Los resultados de la encuestas, por su parte, expresaron la crítica ciudadana a la falta de “objetividad e imparcialidad” en los medios noticiosos, así como a su escaso aporte “en la atenuación de los conflictos”. Otro elemento destacable en esa misma línea es la baja calificación otorgada por la gente al papel informador de los medios: 24,6 sobre un máximo de 70 por ciento; de donde emerge la demanda —coincidente con la percepción de los propios periodistas— de que el periodismo recupere su función y finalidad primarias de informar.

Los encuestados dijeron en un 60% que “existe libertad de prensa” en el país pero que ella es usada “incorrectamente” (55%). Consultados sobre lo mejor y lo peor que tienen los medios, indicaron principalmente que la “rapidez en la información” (35,9%), la “denuncia de actos de corrupción” (19%) y la independencia/libertad” (9,7%) corresponden a lo valorable, en tanto que la “falta de profesionalidad” (15,3%), la “falta de honestidad” (15,1%) y la “parcialidad” (12,4%) están comprendidas en lo censurable.

Son igualmente interesantes los datos de evaluación de confianza en los medios y de apreciación de la calidad de sus contenidos. Según ellos, la prensa es la más confiable (4,6 sobre 7), seguida de la televisión (4,48) y de la radio (4,42). Sin embargo, en materia de calidad se presenta una variante en esa jerarquización: los contenidos de la prensa son considerados “buenos”, los de la radio “regulares” y los de la televisión “malos”.

El estudio de referencia, entonces, remarca la urgencia de “recuperar la esencia del periodismo: informar” —algo señalado por el Observatorio Nacional de Medios desde sus inicios en 2005— como vía para también recobrar la credibilidad mediática.

¿Y la calidad periodística?

Erick R. Torrico Villanueva


Hace unos pocos días la Asociación de Periodistas de La Paz organizó un interesante desayuno-trabajo sobre el tema “Los diarios paceños, desafíos para la prensa y sus lectores”. Los directores de tres periódicos privados —uno de ellos que acaba de salir a las calles— y del cotidiano gubernamental fueron los expositores. Hablaron de las características de sus respectivos medios, de sus dificultades, sus logros y proyectos, como también de la situación del mercado de lectores y la competencia.

Discreparon respecto de los cuestionamientos que recibe el periodismo, pues mientras para unos éste debe estar abierto a la crítica, para otros ésta casi sería producto de la incomprensión y el desconocimiento de lo que es y hace un medio informativo. Al contrario, hubo un mayor acuerdo en las apreciaciones que presentaron sobre las insuficiencias que distinguen al personal mediático formado en las universidades al punto de que indicaron que los diferentes medios se tienen que disputar al mismo grupo de periodistas y que tal vez una solución sería que las salas de redacción vuelvan a constituirse en escuelas de periodistas. Sin embargo, nadie recordó que —irónicamente— los cuatro expositores también son producto de las aulas universitarias.

En torno a las funciones que desempeña un diario, cada uno de los directores dio una versión distinta. Uno dijo que el periódico debe ser básicamente un informador y ponerse a buen resguardo de las pretensiones de hacerse fiscalizador. Otro sugirió que más bien debe actuar como un intérprete de los acontecimientos. El tercero sostuvo que tiene que preocuparse por la gente e intentar ser su portavoz. Finalmente, el último consideró que un diario hoy en Bolivia debe ser un orientador. Si tal es la visión con que cuatro de los periódicos paceños son manejados prácticamente cada cual tendría asegurado su “nicho” de lectores, pero quizá la realidad no concuerde exactamente con ella.

Más allá de todo lo expresado por los expositores y varios de los asistentes, llamó la atención que no hubiese surgido ninguna mención a la cuestión de la calidad periodística, esto es, a la prolijidad formal y a la riqueza de los contenidos que un medio informativo debe ofrecer en sus espacios, pues es en relación a esa condición que la prensa, la radio, la TV o la Internet pueden valorar —en el campo de lo informativo— su desempeño profesional, responsable y ético al igual que intentar medir su credibilidad y prestigio.

Y de la calidad sí hay que preocuparse. Sin necesidad de ir más lejos, cabe recordar que, por ejemplo, 3 de los diarios participantes en el desayuno-trabajo incurrieron recientemente en errores informativos: en las últimas elecciones uno le quitó una gobernación al oficialismo y otro, a la inversa, le dio una gobernación por demás a la oposición; el tercero, en otro plano, informó de que un minibús se estrelló contra un camión de “alto voltaje” (tal vez fue el de una empresa de electricidad...). Además de las fallas, lo común entre todos fue que ninguno hizo aclaración posterior alguna.

Probablemente sea cierto que el periodístico es uno de los sectores profesionales con mayor conciencia y capacidad autocrítica y hasta con “vocación de autoflagelación”. No obstante, no se trata apenas de tener la valentía de hablar de los propios errores sino de plantear, planificar y ejecutar las soluciones requeridas en beneficio de unos públicos cada vez mejor informados.

En la prensa, habla una mujer por cada siete varones

Vania Sandoval Arenas
En las noticias se expresa parte de la inequidad de género que existe en el acceso a los recursos materiales y simbólicos. En la cobertura informativa sobre las elecciones, las mujeres no fueron fuentes relevantes cuantitativamente en las noticias de prensa, radio y TV. Los programas de gobierno sobre economía, política, etc. no fueron explicados por las candidatas de sexo femenino, quienes sí fueron protagonistas de noticias cuando hablaron sobre violencia, maltrato infantil, e inseguridad ciudadana, replicando un discurso discriminador –muchas veces sobreentendido- que considera que “esos son los temas femeninos”.
Según un trabajo del ONADEM que analizó específicamente la problemática de género en la cobertura informativa sobre las elecciones 2009, la desigualdad en la cobertura a hombres y mujeres en las noticias sobre elecciones fue evidente, puesto que las fuentes femeninas fueron el 17% (en promedio) de 965 fuentes consultadas en medios televisivos. En los periódicos las fuentes femeninas sólo fueron el 13% (en promedio) de

un total de 7278.
En cuanto al uso de fuentes, el máximo uso de fuentes femeninas en un canal respecto a la cobertura de las elecciones 2009 llegó al 20% (Bolivia TV), mientras que el que menos usó fuentes femeninas en sus noticieros fue Red UNO (con el 13%). Los porcentajes de cobertura fueron similares en las redes estudiadas.

Además de la inequidad en la cobertura informativa expresada en el bajo número de fuentes femeninas, el ONADEM constató que la temática de inequidad de género en la cobertura periodística electoral de las elecciones 2009 estuvo minimizada y fue insuficiente para otorgar insumos informativos de calidad que permitan visibilizar esta problemática.
Además de que la temática de inequidad de género fue marginal, hubo muy pocas noticias en las que el propio medio de comunicación aborde la temática de género por su cuenta, como parte de una agenda propia. Las pocas noticias publicadas sobre la temática de género tuvieron que ver con declaraciones sobre el tema de candidatos o candidatas, o con declaraciones de organizaciones que hicieron movilizaciones para exigir la paridad de género en las listas de candidatas.
La temática de género en las elecciones es atribuida, casi exclusivamente tanto por la agenda política como por la agenda mediática, a las candidatas mujeres; los temas considerados de preocupación de las candidatas y sobre los que ellas hablan y son consultadas periodísticamente tienen que ver con la violencia hacia mujeres y niños, además, sobre la paridad en las listas y sobre la presencia de candidatas y/o invitación a las mismas a los debates en la TV.
El informe completo puede verse en la Pág. Web de Fundación UNIR. www.unirbolivia.org

La oferta mediática en quechua en Cochabamba

La oferta mediática en quechua en Cochabamba

Santiago Espinoza A.

En un país en el que el diálogo intercultural continúa siendo una asignatura pendiente, el conocimiento y la valoración de las experiencias comunicacionales en lenguas nativas constituyen una tarea de primer orden que no puede seguir siendo relegada.

Es, en esta perspectiva, que el Observatorio Nacional de Medios (ONADEM), una iniciativa de la Fundación UNIR Bolivia abocada al diagnóstico de la realidad mediática y periodística en el país, se ha propuesto realizar investigaciones orientadas a caracterizar las formas y usos de las lenguas nativas en los medios de comunicación masiva.

Cabalmente, la corresponsalía del ONADEM en la Oficina Distrital 3 de la Fundación UNIR, con sede en Cochabamba, ha planteado encarar una investigación regional sobre la oferta periodística en idioma quechua existente en los medios de comunicación de la ciudad capital del departamento.

El trabajo, planificado para el primer semestre de esta gestión, pretende, por un lado, describir la frecuencia y contenidos generales de la programación en idioma quechua de radios, televisión y periódicos cochabambinos, y por otro, determinar las características cuantitativas y cualitativas de los productos periodísticos en idioma quechua.

Aunque todavía en curso, la investigación ya ha permitido hacer un mapeo de la oferta mediática en quechua en la ciudad de Cochabamba, identificando aquellos medios radiales, televisivos e impresos que elaboran y difunden mensajes en el idioma nativo. Se entenderá que las limitaciones en cuanto al registro y acceso a los medios en el país impiden tener un dato cierto sobre la totalidad de emisoras, canales y periódicos con contenidos en quechua, razón por la que este trabajo se concentra en aquellos más formales y visibles que tienen una programación deliberada y sistemáticamente pensada para transmitir mensajes en el idioma nativo.

Así pues, el mapeo revela que los contenidos en quechua tienen mayor presencia en las emisoras radiales, que, por factores sociales, económicos, culturales y tecnológicos, han desarrollado una vinculación más directa con los públicos quechua hablantes, en especial, con los procedentes del área rural. Radios con sede en la ciudad, como Cepja, Kancha Parlaspa, Cepra, Lachiwana y Pío XII, dedican siquiera dos horas diarias a transmitir programas hablados en quechua.

A partir de un monitoreo preliminar y de entrevistas informativas con responsables de algunas radios, se ha determinado que hay dos grandes franjas horarias en que se transmiten los programas con contenidos en quechua: la primera, en horas de la madrugada (entre las 5:00 y las 7:00) y la segunda, en horas de la noche (entre las 18:00 y las 22:00). Los responsables de las emisoras explican que estos horarios son los que se ajustan a los lapsos diarios de exposición de los públicos destinatarios de los programas en quechua.

Hay dos tendencias claras en la producción de contenidos en quechua: una que privilegia la transmisión de mensajes exclusivamente codificados en idioma nativo y otra que busca alternar el quechua con el español, en una suerte de ejercicio mediático bilingüe. Habiendo una oferta significativa de emisoras con programación en quechua, la naturaleza de los contenidos es también diversa. En las radios conviven programas estrictamente informativo-periodísticos con espacios musicales, de variedades, educativos y de servicio a la comunidad.

Con una oferta significativamente menor, en términos de ocupación de la programación y de diversidad de formatos, tenemos a los canales de televisión. Particularmente, en la ciudad de Cochabamba han sido detectados dos medios, Canal 7 (Bolivia TV) y Canal 11 (Televisión Universitaria, TVU), que producen noticieros periodísticos. Los noticieros son presentados por conductores quechua parlantes y lanzan al aire notas también narradas en el idioma nativo.

La recolección preliminar de información ha permitido conocer que los espacios televisivos para programas con contenidos en quechua son escasos, al menos, en los canales de televisión con mayor presencia en la ciudad de Cochabamba. Algunas personas involucradas en estas iniciativas sostienen, incluso, que los espacios han disminuido considerablemente con respecto a años pasados, y atribuyen esta situación a la paulatina instalación de medios televisivos en las provincias. Al menos en la ciudad, la oferta de contenidos en los espacios televisivos está prácticamente reducida a mensajes de tipo periodístico, ya sea sobre temas de interés noticioso general o sobre asuntos comúnmente relegados por los medios tradicionales, como la dinámica social, política y productiva de las provincias del área rural.

En cuanto a medios impresos, la única iniciativa que se ha identificado es el periódico “Cono Sur Nawpaqman”, que elabora y difunde desde hace más de 15 años el Centro de Desarrollo y Comunicación (Cenda), Organización No Gubernamental (ONG) con sede en Cochabamba. La institución se ocupa de la producción de contenidos bilingües, redactados tanto en quechua como en español. Además del periódico bimensual “Cono Sur”, Cenda elabora y distribuye el suplemento infantil “Añasquitu” bajo la misma lógica del periódico principal.

Los contenidos de “Cono Sur Nawpaqman” están abiertamente dirigidos a reivindicar los derechos del campesinado boliviano y, en particular, de aquellos lugares propios del área de trabajo de la ONG que elabora el periódico. Así se entiende que emplee canales de distribución diferentes a los de los impresos más convencionales comúnmente emplean.

Hecha esta caracterización preliminar, lo que corresponde ahora al estudio es ahondar en la descripción de los contenidos estrictamente periodísticos que son producidos en idioma quechua por las emisoras radiales, los canales de televisión y los periódicos ya identificados.

La aspiración de esta investigación es que, a mediano plazo, pueda aportar los insumos necesarios para desarrollar un estudio complementario y de mayor profundidad, que se dé a la tarea de identificar los rasgos del manejo informativo en los medios con oferta periodística en quechua, desde la perspectiva de la comunicación intercultural.

La Información y la Comunicación como derechos

Por Erick R. Torrico Villanueva


Hay un doble y reiterado reduccionismo que es preciso superar si se quiere alcanzar un diálogo fructífero respecto al tema de una eventual legislación informativo-comunicacional en el país: uno es el que considera que este es un asunto exclusivo del mundo periodístico; el otro, complementario del anterior, es el que pretende hacer girar toda reflexión posible en torno a la cuestión única de la vigencia o no de la Ley de Imprenta, ya casi nonagenaria.

Frente a ello, la Fundación UNIR Bolivia entiende que no sólo es indispensable apostar por una comprensión más amplia de la problemática señalada sino también modificar los ejes y los términos del análisis que se viene haciendo al respecto. En buena medida, de que se asuma o no este cambio de perspectiva dependerán tanto el curso y los contenidos de los acontecimientos como sus resultados probables.

De lo que se trata, entonces, es de remontarse por encima del antiguo dilema básico entre “libertad de expresión privada” y “censura gubernamental” abriendo otro horizonte de discusión desde los planos de la democracia y el ejercicio de la ciudadanía, es decir, del pluralismo y la participación, por una parte, y de los derechos y las obligaciones, por otra.

Breve conceptualización

Como régimen político, la democracia organiza institucionalmente la vida de la comunidad mediante un sistema de reglas tendientes a asegurar los mínimos de ciudadanía necesarios y a posibilitar la gestión ordenada de los conflictos .

En este sentido, la democracia requiere hacer efectiva la ciudadanía integral e intercultural para todos, esto es, la ciudadanía civil, la ciudadanía política y la ciudadanía social con reconocimiento pleno de la diversidad. En otras palabras, lo que hace falta para que una democracia sea real y legítima es que a los derechos para la libertad individual —entre los que se hallan los derechos a la libertad de pensamiento, expresión y prensa— se sumen los derechos a la participación en el poder político —dentro de los que se inscribe el derecho a la información— y también los derechos al bienestar económico, social y cultural, de los cuales hace parte el derecho a la comunicación.

Cabe puntualizar aquí que así como la democracia nunca será una obra acabada, la ciudadanía necesita ensancharse constante y progresivamente aprovechando las oportunidades que se presenten o se requieran para su afianzamiento.

El desarrollo de la noción de derechos humanos, con importantes antecedentes en la Inglaterra del siglo diecisiete o en la Francia del siglo diecinueve , recién tuvo su auge tras la finalización de la segunda guerra mundial, en la década de 1940, cuando la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) consiguió la internacionalización de los derechos fundamentales. Posteriormente surgieron las formulaciones sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales al igual que sobre los Derechos Ambientales.

Aunque las libertades de pensamiento, expresión e información estuvieron presentes desde los primeros momentos de esa trayectoria, fue entre los decenios de 1960 y 1980 que quedaron mejor configurados el Derecho a la Información y el Derecho a la Comunicación, el primero referido a la libertad de investigar, recibir, almacenar, procesar y difundir información y el segundo concerniente a las libertades de palabra, reunión, asociación, participación, discusión, disidencia, imagen propia y acceso al saber, el arte, la información y la herencia cultural como bienes públicos.

Por eso no se puede negar que la teoría de los derechos humanos se ha ido perfeccionando a lo largo de los siglos, pero es verdad igualmente que aún resta mucho por conquistar en el nivel concreto de su puesta en práctica. Así, en el caso de la información y la comunicación, apenas si se han mantenido en vigor las libertades civiles —preferentemente promovidas y aprovechadas por los sectores mediáticos empresariales— con evidente descuido de las que corresponden a las formas de la ciudadanía política y social.

Esto quiere decir, además, que los ciudadanos continúan marginados de los lugares y los papeles protagónicos que debieran tener en estos ámbitos, situación que, por ejemplo, es del todo visible en el proceso de construcción de la esfera pública, es decir, en la elaboración del temario de interés colectivo en materia de información y opinión así como en la producción de los mapas cognitivos usados para interpretar la realidad social cotidiana, tareas que parecieran estar a cargo solamente de las élites políticas y de las mediáticas audiovisuales .

De ahí que resulte pertinente, a propósito de la posibilidad de que vaya a darse una legislación comunicacional, sostener la necesidad de proyectar cualquier futuro debate sobre el particular considerando los derechos y las libertades civiles pero superando sus fronteras, en la expectativa —así mismo— de la universalidad, la indivisibilidad y la exigibilidad de los derechos humanos.

Cabe recordar, al respecto, que existe un importante cúmulo de instrumentos internacionales como la ya citada Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos o la Declaración de las Naciones Unidas sobre Medios de Comunicación de Masas que brindan amplio sustento doctrinal y jurídico al Derecho a la Información y la Comunicación.

Circunstancias políticas para considerar

Bolivia comenzó ya una etapa de profunda reinstitucionalización vinculada a la adecuación de su anterior sistema normativo a los preceptos de la nueva Constitución Política del Estado; en ese marco se debiera asumir con mayor seriedad el anuncio contenido en el programa de gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) de que habrá una “Ley de Información y Comunicación Social” —que obviamente, desde la denominación planteada, no será la Ley de Imprenta de 1925—, lo cual además debiera permitir a los sectores interesados tomar conciencia de algunos datos de la realidad política que definen el contexto actual.

La supremacía que hasta ahora ha obtenido el oficialismo en el voto, el poder ampliado que posee el MAS en las arenas política, social y aun discursiva, la visible disminución y dispersión de la oposición partidaria y cívica, la mayoría política gubernamental en la Asamblea Legislativa Plurinacional y la capacidad oficial de iniciativa para legislar son parte de esos elementos del entorno que insoslayablemente se tiene que considerar antes de adoptar decisiones, fijar posiciones o adelantar acciones respecto a las anticipaciones gubernamentales sobre una legislación informativo-comunicacional.

Tampoco se puede dejar de tener presente la voluntad presidencial para normar la actividad mediática que el propio Evo Morales expresó a fines de enero pasado, pues representa un factor inédito en las casi tres décadas de vida democrática que lleva el país.

Los actores clave

Es lógico, por tanto, que el Órgano Ejecutivo y la Asamblea Legislativa Plurinacional serán una parte fundamental del conjunto de actores que se involucrarán en la formulación de esa probable legislación.

Otros actores de nivel semejante serán, por supuesto, los propietarios y los trabajadores de los distintos tipos de medios de difusión , así como los gremios que les agrupan, a los que se sumarán los futuros gobiernos de las nuevas autonomías.

Pero asimismo se debería incorporar a los anunciantes, los productores de mensajes no periodísticos, los formadores de personal para los medios, los investigadores de los procesos comunicacionales y finalmente a la ciudadanía en general, que no tiene que seguir siendo vista como mero público consumidor o como electorado pasivo.

En realidad, sólo la participación activa de los ciudadanos en sus diferentes sectores podría garantizar que una potencial normativa informativo-comunicacional se inscriba en la perspectiva de los derechos humanos y en un proyecto de consolidación democrática. Por eso, los actores mediáticos, en todos sus segmentos, debieran proponerse la construcción de alianzas ciudadanas no sólo en su interés de restaurar sus lazos con la gente sino ante todo teniendo en cuenta la necesidad de recuperar la polifonía de los actores sociales en un tiempo signado por tendencias de corporativización e incluso por acciones de cooptación que son propiciadas desde el plano gubernamental.

Las posiciones registradas

Hasta ahora, sin embargo, lo que se ha percibido en la escena pública es una especie de nuevo capítulo de la confrontación entre gobierno y medios privados que se desató el momento mismo de la posesión presidencial de Evo Morales el 22 de enero de 2006, enfrentamiento que alimenta los reduccionismos de que se habló al principio de esta presentación.

Las posiciones que han exteriorizado esos dos actores se han circunscrito a ese estrecho marco que, como se dijo antes, cierra y empobrece el espectro del debate posible y deja completamente afuera a la ciudadanía, sujeto principal de los derechos.

El oficialismo, pese a que en su programa de gobierno menciona una “Ley de Información y Comunicación”, sostuvo que se requiere una nueva “ley de medios”, sobre todo —como declaró el presidente Morales el pasado 25 de enero— para evitar que dichos medios mientan .

A su vez, en el campo de los dueños y los trabajadores de los medios privados se han manifestado dos posiciones extremas complementarias —“la Ley de Imprenta no se toca”, “la autorregulación periodística es suficiente”— y otra moderada: “sólo es aceptable una actualización de la Ley de 1925”, “las organizaciones sindicales de la prensa prepararán anteproyectos”.

Así, a los todavía insuficientes insumos para debatir se agrega la flaqueza de los argumentos esgrimidos.

No ha habido pronunciamientos institucionales de otros actores y nadie parece haberse percatado de que la nueva Carta Magna, por un lado, se refiere ambiguamente a una ley relacionada con medios y periodistas y, por otro, deja sin efecto un componente central de la actual Ley de Imprenta, los Tribunales de Imprenta, al desconocer las “comisiones especiales” (Art. 120. I) y los “fueros, privilegios y tribunales de excepción” (Art. 180. III).

Debido a las imprecisiones ya anotadas en la identificación y delimitación de los ejes de la discusión, como a la falta de proactividad para el diálogo social, la Fundación UNIR Bolivia considera que si algo habría que examinar con participación de todos los actores tendría que ser el Derecho a la Información y la Comunicación en concordancia con lo establecido por el artículo 106, parágrafo I, de la Constitución promulgada en enero de 2009.

Las condiciones de la coyuntura

Pero, ¿cuál es el “clima” político y social conectado con este tema?

Es, primero, uno marcado por una relación tensa entre el gobierno (en particular el presidente Morales) y los medios privados (en particular las redes televisivas, pero también los diarios) y caracterizado por cuestionamientos y hasta recriminaciones oficiales que han recibido como respuesta la reafirmación empresarial y sindical —aunque en situaciones distintas — de las libertades de expresión y prensa. Cabe recordar que la estrategia comunicacional oficial desde un inicio definió a los principales medios privados como adversarios y paralelamente se ocupó de potenciar el sistema mediático en manos del gobierno .

En segundo lugar, es una “atmósfera” en la cual tiende a prevalecer la segmentación ideológica de las audiencias mediáticas producto de la polarización político-regional reciente al igual que la multiplicación de expresiones de desconfianza ciudadana frente al trabajo informativo de los medios . Esto viene generando al menos tres tipos de comportamiento entre los involucrados: 1) la negación sistemática de esta situación por parte de los empresarios mediáticos que a partir de algunos sondeos de opinión se autoconvencen de que la credibilidad social en los medios es de las más altas; 2) el surgimiento de corrientes autocríticas en el seno de algunas organizaciones sindicales de la prensa, y 3) la preocupante proliferación de actos de agresión contra reporteros, camarógrafos, fotógrafos, equipos o instalaciones de medios .

No es dable sostener, por ende, que el periodismo se encuentre en uno de sus mejores momentos, pues a la estrategia confrontacional utilizada por el gobierno en sus primeros 4 años de gestión se suma el descontento ciudadano con el sensacionalismo, la improvisación profesional y la politización abierta de muchos medios , aparte de la existencia de circunstancias propicias para radicalismos sociales y la visible desarticulación interna de los gremios del sector , factores éstos que debilitan a los actores mediáticos en la actual coyuntura.

De ahí, otra vez, que sea poco pertinente que desde el campo mediático varios insistan en reducir el debate sobre una posible legislación informativo-comunicacional al ámbito del periodismo y la Ley de Imprenta.

Los escenarios (im)posibles

El panorama descrito invita a pensar prospectivamente, es decir, a imaginar, a partir de la situación presente, las opciones que se abren para los acontecimientos en el próximo futuro.

Un primer escenario, que quizá habría que descartar por su casi evidente inviabilidad, es el de que todo continúe como se mantuvo desde 1925. Esta fórmula no resulta razonable por cuanto implica un desconocimiento de la correlación de fuerzas actual y del proceso de reinstitucionalización en curso, además de que con seguridad supondría para el gobierno un inaceptable retroceso a la fase previa a la nueva Constitución.

Un cuadro intermedio es el que está surgiendo como propuesta en algunos espacios sindicales de la prensa: que se “modernice” la Ley de Imprenta. Esta visión podría servir como un punto de negociación, pero requeriría contar con definiciones precisas acerca de qué es lo que se debiera modificar o complementar en esa norma, además de que tendría que hallar salidas a la ya mencionada anulación constitucional de los tribunales de excepción y a la noción más abarcadora de Derecho a la Información y la Comunicación incorporada en la actual Carta Magna.

Una tercera posibilidad es que el gobierno resuelva imponer una nueva ley hecha a la medida de sus necesidades, dando amplios márgenes de decisión a sectores radicales del Órgano Ejecutivo y la Asamblea Legislativa Plurinacional. Esto podría ser una reacción oficial extrema a la resistencia empresarial inicial ante cualquier iniciativa de legislación, aunque obviamente generaría un ambiente de ilegitimidad e invalidación para esa norma y tal vez desembocaría en una situación de negociación forzada que no obstante ofrecería escasas posibilidades de éxito para los involucrados no gubernamentales dado que el oficialismo ya habría sentado las bases de las reglas del juego.

Finalmente, la alternativa ideal podría expresarse en el hecho de que se promueva una normativa integral, democrática y con el mayor consenso posible con participación de todos los actores clave en una deliberación de alcance nacional capaz de desembocar en propuestas para la Asamblea Legislativa. Esta última vía, sin duda, es algo que es dable construir, pero con la inexcusable intervención de la ciudadanía.

En este caso, asumiendo que los derechos de los medios dependen de los derechos de la ciudadanía y a la inversa, una plataforma ciudadana que articule alianzas por el Derecho a la Información y la Comunicación debería partir de acuerdos básicos sobre principios democráticos irrenunciables como las libertades de pensamiento, expresión, prensa e información, la inexistencia de censura previa, el respeto a la intimidad, la dignidad y el interés público, el pluralismo, la participación, el rechazo de toda forma de discriminación, el libre acceso a la información pública o la transparencia de los sistemas mediáticos.

Para el diálogo

Es claro, a estas alturas, que el tema de una posible legislación informativo-comunicacional hace prever una situación de conflicto social y político que en criterio de la Fundación UNIR Bolivia debiera ser considerada una oportunidad para conseguir avances democráticos que beneficien a los ciudadanos en materia de expandir, garantizar y consolidar derechos y libertades.

Por ejemplo, el logro de una complementación armónica entre autorregulación (para la información, la opinión y la opinión periodísticas) y regulación (para los contenidos no noticiosos, la asignación de frecuencias en el espacio radioeléctrico, la formación y las condiciones laborales de los trabajadores de los medios o los derechos de las personas) puede ser un componente central de esa oportunidad.

Y lo mismo, entre otros aspectos, se puede decir de la necesidad de pluralizar el espacio público, promover la interculturalidad y la interregionalidad, desarrollar medios públicos con producción propia o abrir el Estado para transparentarlo.

Se entenderá entonces, sin pasar por alto el riesgo de que se pretenda hacer un uso político de la regulación, que las condiciones para transformar una situación de presunta amenaza en otra aprovechable son dejar de ver el tema desde la centralidad excluyente de los medios, trabajar en pro de la vigencia real del Derecho a la Información y la Comunicación, alentar el protagonismo ciudadano plural y pensar en términos de una política pública que no sustituya ni reduza los principios de las normas hasta hoy vigentes sino, en lo posible, los sistematice, integre y proyecte hacia un ordenamiento democrático y dignificante de los procesos informativo-comunicacionales.

Todo ello requiere de los actores involucrados una voluntad para ampliar los temas-eje del debate, para llevar adelante análisis y diálogos sustentados tanto como para buscar y alcanzar consensos democráticos mínimos capaces de desplegar iniciativas y negociaciones mayoritariamente favorables.

El entendimiento de la Información y la Comunicación como derechos junto a la proactividad responsable de los actores ciudadanos —y entre ellos, como es obvio, de la gente de los medios— pueden representar, así, una combinación exitosa en pro de un Estado con ciudadanía integral e intercultural.


Fuentes consultadas


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etv/2010